Image default

Senado provincial bananero y cueva de mafiosos qué buscan impunidad, socios del socialismo.

¡BASTA, GILDO!

El último año del segundo mandato de Jorge Obeid (2003-2007), se aprobó la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que fue puesta en marcha en 2007, ya con Hermes Binner y el Frente Progresista en el gobierno. Esa reforma puso en marcha el sistema acusatorio con el Ministerio Púiblico de la Acusación, que nuclea a los fiscales encargados de perseguir judicialmente el delito.

Durante los 12 años de gobiernos del FPCyS, los cargos del MPA fueron «loteados» concienzudamente entre socialistas y radicales, que se repartieron áreas de inluencia: el partido de la rosa en Rosario y la zona sur, y los boinas blancas en Santa Fe y el norte.

Buena parte de los cargos fueron cubiertos por funcionarios políticos de los gobiernos provinciales, que en algunos casos saltaban directo del gabinete del Ejecutivo a cargos en la justicia, en concursos organizados por ellos mismos. Y sus pliegos fueron aprobados por la Legislatura en acuerdo con sectores del PJ (en especial los senadores), y en no pocos casos, en forma tácita, por el mero transcurso del tiempo sin ser tratados por la Asamblea Legislativa.

En ese mismo marco el ex Fiscal de Estado de Binner (Barraguirre) llegó a la Procuración General de la Corte Suprema, y la esposa del presidente de la Corte fue designada Defensora General. Se registraron poquísimos casos de pliegos rechazados o retirados, pese a que hubo muchas impugnaciones, precisamente por las conexiones políticas de los propuestos.

Para instrumentar los concursos que terminaron en esas designaciones, el socialismo modificó once veces la reglamentación de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que en Santa Fe no tiene rango constitucional ni legal, sino que está creado por decreto.

En el 2017 radicales (o parte de ellos) y socialistas se pelearon, al irse parte de la UCR a «Cambiemos», pero en una cosa estuvieron de acuerdo, junto con un sector de los senadores del PJ: en modificar la ley del MPA para establecer que seas la Legislatura la que pueda sancionar, suspender y hasta remover a los fiscales. El disparador del acuerdo que hizo que la ley se votara en minutos fue que algunos de ellos investigaban por entonces al gobierno de Lifschitz por los concursos de ascenso policiales y las horas OSPE (adicionales de policía), a Corral por las cooperativas truchas armadas con punteros políticos, y a los senadores por el manejo de la Banelco de los subsidios.

Antes pasaron otras cosas, que en su momento reseñamos acá; como que tuvimos un jefe de policía preso y condenado por vínculos con el narcotráfico, honor que compartirían muchos otros, que condujeron la fuerza policial durante los gobiernos de Binner, Lifschitz y Bonfatti. En ese contexto asumió Omar Perotti en diciembre del 2019, y en su discurso inaugural en la Legislatura señaló que venía a cortar todos los vínculos de la política con el delito.

Meses después, en una causa en la que se investiga una red de juego clandestino, caen presos dos fiscales -designados durante los gobiernos socialistas- y uno de ellos denuncia al senador Traferri (PJ) como implicado en una organización delictiva. Otros fiscales toman la denuncia, y piden al Senado el desafuero del acusado, que el cuerpo -por mayoría, con parte de los votos del PJ y todos los de la UCR porque el socialismo no tiene senadores- rechaza.

Pero hacen más: en estos días -con los votos del mismo sector del PJ y todos los senadores de la UCR aprueban una resolución instando al juez que investiga la causa del juego clandestino a archivarla, porque entienden que así debe ser al haberse rechazado el pedido de desafuero. Es decir, se atribuyen como cuerpo funciones judiciales. Al mismo tiempo crean una «comisión» de vigilancia del trabajo de los fiscales, para que la gente les denuncie irregularidades.

Los fiscales y el MPA rechazan el planteo, y le desconocen autoridad al Senado para juzgarlos, habiendo planteado antes la inconstitucionalidad de la ley que así lo establece. Los senadores que votaron el proyecto dicen que lo hicieron porque no funciona el sistema de auditoría del MPA, que está a cargo de una ex funcionaria de los gobiernos de Binner y Bonfatti, a la que ellos en ese momento y no obstante eso, le dieron el acuerdo. Acusan a los fiscales de protegerse entre ellos, como los senadores, digamos.

Si el 1 % de lo que acabamos de describir pasaba en Formosa, teníamos denuncias en la CIDH, la OEA, la ONU y Amnistía Internacional, éramos tapa de todos los diarios del país, Lanata nos dedicaba una temporada entera del programa y nos visitaban diputados porteños para ver in situ como era una dictadura.

De más está decir que muchos de los que protagonizaron -y protagonizan- estos hechos bochornosos, por éstas horas se están golpeando el pecho «en defensa de las instituciones de la república», porque el gobierno nacional quiere impulsar cambios en la justicia, o crear una comisión bicameral del Congreso que investigue a los jueces. Tuits relacionados: