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DEL TOQUE DE QUEDA AL TOCO Y ME VOY

Una semana larga, casi dos, con «trascendidos» filtrados por los propios funcionarios del gobierno a medios como Infobraden o Pajita 12 sobre la inminente adopción de medidas para contener la escalada de contagios del virus en todo el país, culminó con un «no decreto» (simple, no DNU) que apenas aprueba algunas «recomendaciones» para que sean los gobernadores de las provincias y el jefe de gobierno porteño los que adopten restricciones, en especial a la circulación en horarios nocturnos.

Algunos de ellos -en especial Rodríguez Larreta y Schiaretti, al frente de sus respectivos «Estados Libres Asociados»- ya habían anticipado que no pensaban disponer lo que los medios dieron en llamar «toque de queda», ni acatarlo si lo disponía el gobierno nacional. Si alguna encuentra alguna correlación entre esos arrestos de rebeldía y la nueva reculada presidencial -hasta terminar diluyendo las medidas y tirándoles el fardo a las provincias- acertó: es otro episodio más y van- del «modelo Vicentín» de toma de decisiones: se lanza un globo de ensayo al menor conato de resistencia, se recoge el espinel, y listo. Acá no ha pasado nada. O sí se desfleca un poco más la autoridad presidencial.

El «no decreto» dictado ayer por Alberto Fernández fija pautas para que sean las provincias las que definan si imponen restricciones a la circulación de las personas (e incluso a las actividades) en sus territorios, cosa que ya estaba establecida desde al menos el 8 de junio del año pasado -o sea hace siete meses- cuando el propio AF dictó el DNU 520, que estableció por primera vez el «distanciamiento sociasl, preventivo y obligatorio».

Esa norma dispuso en su artículo 4 último párrafo lo siguiente: «En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.».

Exactamente el mismo texto y en el mismo artículo (el 4) fue repetido sistemáticamente en los DNUS 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792, 814, 875, 956 y 1033 del año pasado, que fueron prorrogando las medidas de ASPO o DISPO, en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid.

En cada caso, los gobernadores que querían disponer restricciones a la circulación en determinados horarios para prevenir los contagios, podían hacerlo al amparo de ésas normas: acá en Santa Fe por ejemplo Perotti lo dispuso el 9 de octubre por el Decreto 1070 en 8 de los 19 Departamentos de la provincia, y luego lo prorrogó por los Decretos 1307 (del 8/11) y 1527 (del 27/11). Ya ha anunciado que a partir del lunes lo ampliará a todo el territorio provincial.

Los gobernadores de las provincias son -según el artículo 128 de la Constitución Nacional- «agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.». Un DNU (como los que citamos y fueron dictados en el marco de la emergencia sanitaria) tiene fuerza de ley (Ley 26122 artículo 17), y en consecuencia las autoridades provinciales deben cumplirlo y hacerlo cumplir.

Si los fines son federales (garantizar la propagación de una pandemia por todo el territorio nacional, poniendo en riesgo a todos sus habitantes), los medios para garantizarlo también lo son, y en consecuencia si el presidente consideraba que imponer el mal llamado «toque de queda» (en realidad, restricciones a la circulación en la vía pública en determinados horarios), debió hacerlo, y listo; para que rigiera de modo uniforme en todo el país, sin que nadie pudiera desconocerlo.

No con el atajo de «reglamentar» lo que antes había dicho (en todos esos DNU) que debían reglamentar las provincias, encubriendo bajo la apariencia del federalismo, lo que en rigor es reticencia a ejercer la propia autoridad, que le confiere la Constitución.

Algo que no es la primera vez que pasa (por eso hablamos del «modelo Vicentín»)  y preocupa, porque trasciende a las medidas más adecuadas para frenar los contagios (algo en lo que, como dijimos acá, no somos expertos), para convertirse en un problema político, y mayúsculo: el poder se gasta cuando se usa, pero se consume más rápidamente cuando no se usa. Y la política no tolera el vacío: el poder que no ejerce alguien pudiendo hacerlo, acrecienta el que pueden ejercer otros, claro que con otros fines.