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Los qué nos aplauden la cara

APLAUSÓMETRO

Cuando los índices de inflación arrojaban -mes a mes- que lo más subía era el precio de los alimentos, el gobierno amenazó con subir las retenciones, o poner cupos a las exportaciones. Luego de reunirse con la Mesa de Enlace, no hizo ni una cosa ni la otra.

Como si se hubiera convencido de que los agrogarcas tenían razón cuando aducen que no son ellos los causantes de los aumentos, asumió el compromiso de «revisar juntos» las cadenas de producción y comercialización para detectar en donde se generaban éstos.

Algo parecido hizo en la reunión con un conjunto de empresarios muy poderosos, formadores de precios, que hasta «ofrecieron» abrir sus estructuras de costos, y compartir la información. En esa reunión -se supo luego- muchos de esos empresarios propusieron un aplauso para el ministro Guzmán, vaya uno a saber por qué, aunque se puede imaginar.

La semana pasada -en las que los aumentos siguen como si nada, y nada sabemos de como andan los «análisis de costos y de las cadenas»- se supo que el gobierno cambió la actitud, e imputó en el marco de la Ley de Abastecimiento 20680 a un conjunto de grandes empresas productoras de alimentos y artículos de limpieza, por faltantes injustificadas de producción y mermas en el nivel de la producción, en un contexto de suba constante de precios de sus productos. Cursadas las intimaciones, deberían venir las respuestas, y si no son satisfactorias, las sanciones.

Entre las empresas imputadas -y la citamos al solo título de ejemplo- está Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Miguel Acevedo, el presidente de la UIA. Como todas las aceiteras, firmó el compromiso con el gobierno para conformar un fideicomiso en el que los exportadores aportan recursos para subsidiar la venta de la producción al mercado interno, un modelo que el gobierno quiere replicar para otros sectores como el maíz, para evitar tener que aumentar las retenciones, o fijar cupos a la exportación.

Para que se entienda: las empresas exportadoras que pactaron ese mecanismo para evitar que el gobierno tome otras medidas más drásticas para atacar la inflación en alimentos, no lo están cumpliendo, y en consecuencia falta aceite, y sigue aumentando.

Y no son cualquier empresa, sino las formadoras de precios, las que se reunieron con el gobierno, aquellas cuyos dirigentes (como Acevedo) encabezan los principales sellos gremiales del empresariado, y algunas de las que más aplaudieron a Guzmán. Ya sería hora de que en el gobierno se preguntaran por qué.

Y para que se entienda también: las constataciones de la Secretaría de Comercio por infracciones a la Ley de Abastecimiento son de noviembre y diciembre del año pasado, y enero de éste año. Es decir, mientras los precios de los artículos de la canasta familiar subían sin cesar, y mientras el gobierno «analizaba» que hacer al respecto, y seguía insistiendo en la convocatoria al diálogo con los empresarios de los distintos sectores.

Conclusión: dejando de lado la discusión sobre cual sea la estrategia más adecuada para combatir la inflación y cuáles son las medidas más adecuadas a esos fines, lo que sigue pendiente de revisión en un contexto más amplio es el modo de relación del poder político con las corporaciones económicas, considerando la conducta de cada uno, y cuan dispuestos están a cumplir acuerdos y compromisos. Una revisión imprescindible cuando se está hablando de «pacto social», Consejo Económico Social y cosas por el estilo.

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