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Imbecilidad ? Inutilidad ? Complejidad? Mi favorita: «Cómplicidad»

PALABRAS QUE TERMINAN EN «DAD»

Como pasó con Lula y con Correa, Cristina no fue candidata a presidenta en 2019 en buena medida por el «lawfare», más que por una cuestión electoral: bien sabía que si encabezaba la fórmula, toda la campaña iba a girar en torno a las causas judiciales en las que la involucraron, y no sobre el desastroso gobierno de Macri, que era el punto central de discusión. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas: sin volumen electoral propio, Alberto Fernández fue presidente porque lo eligió Cristina, y porque ella misma lo acompañó en la fórmula, como garantía del sentido político de la decisión de correrse.

El tema del «lawfare» y la existencia de presos políticos es uno de los tópicos en los que hay divergencia de miradas al interior del «Frente de Todos», tanto es así que el propio Alberto fue variando su postura al respecto: primero lo negó, luego lo minimizó y finalmente terminó aceptando casi a regañadientes que existe, pero lo focalizó en el caso de Milagro Sala; a la que sin embargo no le reconoce la condición de presa política: prefiere seguir hablando de «detenciones arbitrarias». Otros, como Sergio Massa, prefieren no hablar del tema, por razones obvias: fue socio político de Gerardo Morales para que éste llegara al gobierno en Jujuy, y respaldó públicamente en reiteradas oportunidades a personajes impresentables como Bonadío, Stornelli o Marijuán.

Precisamente luego de que Alberto dijera eso -que si hubiera en la Argentina un caso de «lawfare» sería el de Milagro, y que la Corte debería revisar sus causas-, los cortesanos le replicaron ratificando una de las condenas que pesan sobre la líder de la Tupac Amaru, construida sobre la base de chusmeríos de barrio. El mensaje -de tinte claramente mafioso- ha sido más que evidente, y vino de la mano de otros hechos producidos en éstos días en el mismo sentido: el traslado de la causa del espionaje ilegal en el gobierno de Macri a Comodoro Py poniendo al frente de la investigación a Stornelli  y la citación de Casación a Cristina y Axel Kicillof para que expongan en la causa del dólar futuro el mismo día en que el Congreso nacional y la Legislatura bonaerense abren sus sesiones.

Esos mismos hechos dejaron desairado al Jefe de Gabinete, que días antes dijo que en el gobierno consideraban que la justicia debía «revisarse a sí mismo». El escaso volumen político en términos personales del hombre no disimula la afrenta al importante rol institucional que cumple -y por carácter transitivo al gobierno que integra en un rango relevante-, agravada luego porque el fallo de la Corte en la causa de Sala es un misil directo a la propia figura presidencial.

La absoluta parálisis del gobierno frente a todos estos hechos, sumado a que no puede acreditar acciones concretas para transformar la justicia (cosa muy difícil de conseguir si no hay miradas unívocas al respecto en la coalición de gobierno, y se confía la tareas a personajes oscuros y mediocres como Béliz o Losardo), generó y genera un mar de fondo al interior del «Frente de Todos». Es muy posible que estas cuestiones curialescas y sus consecuencias políticas no sean parte de la preocupación cotidiana de la gente común, absorbida ciertamente por otros asuntos más urgentes.

Sin embargo, deberían serlo del gobierno, porque erosionan la unidad de la coalición política que se construyó para ganar las elecciones y que Alberto Fernández sea presidente; y operan sobre un trasfondo de creciente preocupación -e incluso malestar- social, por esas otras cuestiones más acuciantes que sí están en las prioridades del hombre de la calle. La inflación, por ejemplo, en particular el precio de los alimentos o medicamentos.

Para encarar tamaños desafíos como los que supone la coyuntura, los sectores que conforman el FDT deben permanecer unidos, y convencidos de que tiran todos junto para el mismo lado. Si unos ven que ellos mismos o quienes los representan como dirigentes (ante todo Cristina) siguen siendo objeto de persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales, y otros permanecen indemnes y casi indiferentes a esas cuestiones (o por lo menos como si no las afectaran, y debieran hacer algo al respecto), crecen las suspicacias.

De que por ejemplo haya algo más que pasividad o falta de decisión para encarar reformas profundas en la justicia, o para manejar en otros términos la relación con un Poder Judicial que, si algo ha sabido hacer a lo largo de su historia, es acomodarse a las coyunturas políticas. Concretamente, que donde algunos ven pasividad, otros vena lisa y llana complicidad.

Y que no se diga que Sergio Massa, los dirigentes del Frente Renovador, el propio Alberto Fernández u otros dirigentes y funcionarios del gobierno que en su momento fueron muy críticos de Cristina y el kirchnerismo no tienen causas en la justicia «porque no anduvieron en nada raro», porque ese argumento -de remembranza procesista- significaría validar todos los atropellos al estado de derecho que se han cometido contra Cristina, los presos políticos y los ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas que afrontan prisión, condenas o causas judiciales. Dar por buenas condenas amañadas, testimonios falsos, pericias truchas, jueces elegidos a dedo, violaciones sistemáticas de las garantías procesales.

Que ayer, luego de más de un año de silencio y nula gestión, la ministra de Justicia haya salido a comentar en Twiter (y que el presidente la retuieara) lo mal que están las cosas en la justicia argentina como si fuera uno cualquiera de nosotros que aparece en las redes sociales, sin anunciar ninguna medida concreta (concreta, no la reforma chirle que duerme en el Congreso) para revertir ese estado de cosas que describe, puede tener más de una interpretación.

Como por ejemplo que se trata no de lograr que los jueces empiecen a respetar la Constitución (para lo cual el Estado dispone de otros mecanismos más contundentes que un hilo de Twitter), sino de acallar críticas internas, tratando de demostrar que al presidente y sus funcionarios  les preocupan tanto como a nosotros las prácticas de «lawfare» y sus consecuencias.

Y no que las están tolerando como parte de un plan que pretende resolver en los tribunales, las internas de la coalición de gobierno de cara al futuro; limando a Cristina y el kirchnerismo en la convicción -que también tuvo el macrismo, y ya vimos como le fue- de que de ese modo les restan caudal electoral; y en el caso de Cristina, la dejan de hacer indispensable electoralmente para ser competitivos. Algo que los distintos «peronismos no kirchneristas» han intentado en vano desde 2008, y por eso tuvieron que terminar rindiéndose ante la evidencia y yendo al pie de ella cuando se abría el proceso electoral que culminó con la derrota de Macri en primera vuelta.

No hay tiempo ni aire político para estas alquimias, porque antes hay asuntos mucho más urgentes y complejos que atender, y hay que dar muestras claras (con hechos, no con descripciones de la realidad en los medios y las redes sociales) de que se hacen las dos cosas: se encaran los problemas más graves y urgentes, y no se está especulando con resolver las diferencias y hasta eventuales competencia internas en el oficialismo, con carpetazos judiciales.

En ambas cosas se va nada menos que el futuro del gobierno, y la gobernabilidad del país, porque afuera y enfrente (en los tribunales, en los medios, en la oposición, en el poder económico) ya está visto lo que nos espera: hostilidad y aprietes; aunque algunos se reúnan con el presidente en buenos términos, y hasta lo aplaudan a Guzmán; cosa que por cierto más que motivo de orgullo, debería serlo de preocupación.