«En cinco años hay un aumento de un 47 por ciento de la población carcelaría», puntualizó la directora del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione uno de los datos que arroja el informe de gestión, que ayer fue presentado en la Cámara de Diputados y que giró en torno a la situación de espacios de detención y de violencia institucional. Se trata de situaciones relevadas entre 2017 y diciembre de 2021. En la antesala de la presentación, la defensora encabezó el martes una recorrida sorpresiva por el penal de Las Flores, donde se constataron falencias de las condiciones edilicias y estructurales. Señalaron que hay superpoblación y hacinamiento.

En los penales santafesinos hay alojadas 7788 personas, cuando el total disponible de plazas es de 5995. Las unidades penitenciarias de Coronda, Las Flores y Piñero son las que «sobrepasan en mayor cantidad el número de internos», se indicó desde la Defensoría. Al mismo tiempo, las comisarías de la Unidad Regional N° 1 -Santa Fe ciudad- también se encuentran superpobladas: hay 325 personas, cuando la población debería ser de 122.

La defensora también planteó que en las cárceles santafesinas «hay gran cantidad de personas en prisión preventiva, es decir sin condena»; y preguntó «¿qué pasa si luego se resuelve que es inocente, cómo se paga el tiempo que pasó privada de libertad?».

Por otro lado, el informe indica que desde el año 2017 hasta el año 2021 se registraron 3.101 víctimas de violencia institucional. Por otro lado, indicó que entre 2020 y 2021 se registraron un total de 66 muertes (por diferentes situaciones) en contextos de encierro, de las cuales 52 ocurrieron en dependencias del Servicio Penitenciario y 14 en dependencias policiales.

El diputado Carlos Del Frade, quien el martes estuvo en la recorrida por la cárcel de Las Flores, difundió algunos datos en las redes sociales: «El 80 por ciento de las personas presas en Santa Fe no terminó el ciclo educativo obligatorio», tuiteó. Más tarde, indicó: «Vengo recorriendo las cárceles desde el principio de la democracia y no se avanza en nada. Da la impresión de que están para una doble, triple o cuádruple condena de las personas allí alojadas. Que se sigan manteniendo los buzones es una cosa increíble. Hay una gran discusión de fondo que es qué tipo de sistema carcelario queremos, qué justicia queremos y dar una discusión muy sincera con la gente, que una cosa es la justicia y otra es la venganza. Cuando no tenés agua para tomar, ni luz eléctrica, cuando los colchones están mojados y comes mal, la cosa se hace grave. Destruye cualquier intento de resocialización». Agregó que Balangione indicó que presentó 33 habeas corpus desde 2017, durante su informe de ayer en Diputados.

En las cárceles provinciales se alojan 2000 presos más de los que entran.

La visita conjunta que se hizo el martes fue una iniciativa de la diputada Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, que propuso acompañar la dinámica de inspecciones de la Defensoría Provincial, a cargo de Balangione, con la finalidad de «relevar la sistemática vulneración de derechos humanos originada por el grave estado de situación del establecimiento y las lamentables condiciones de detención», se indicó tras la recorrida de la que también participaron las diputadas Agustina Donnet, Matilde Bruera y Juan Cruz Cándido.

Para Cattalini, «la situación de alojamiento es infrahumana». Y agregó: «En total, las cárceles de la provincia de Santa Fe alojan 2000 presos más de su capacidad máxima y a eso se le suman 1000 personas detenidas en comisarias que no deberían estar ahí».

Desde la Defensoría recordaron también que hace algunas semanas presentaron una acción de habeas corpus en virtud de la mala provisión de alimentos a los internos, y la falta de colchones, entre otros. También se mencionaron diferentes acciones que llevaron adelante para paliar la superpoblación y el hacinamiento en los espacios de detención de la provincia. En este sentido, el SPPDP interpuso acciones «para eliminar la situación crítica e impostergable».

Sobre la cuestión educativa dentro de los penales, la defensora indicó que el 33,8% no tiene la primera completa; y el 46,1% tiene la secundaria incompleta. El item de «conflicto con el Servicio Penitenciario: ‘No me sacan'» es el más elegido sobre los motivos de «inconvenientes para asistir a actividades educativas» en el penal. «Tengo que rescatar que el gobierno actual estableció una dirección especial para educación en el encierro pero es reciente y todavía no impacta», dijo.

Al mismo tiempo se habló sobre la situación de niños y niñas que están en situación de encierro con sus madres detenidas. «En la provincia hay entre 10 y 15 casos» de niñes a  cuyas madres no se les otorga la prisión domiciliaria.